La economía de los procesos y el Servicio Nacional de Migración (SNM)

ECONOMÍA PROCESAL; según Chiovenda, es la obtención del máximo resultado posible con el mínimo de esfuerzo. Este principio se refiere no sólo a los actos procésales sino a las expensas o gastos que ellos impliquen.

En los tres años que llevo ejerciendo la profesión a la cual me dedico he tenido la dicha de conocer todas las ramas del Derecho que me interesan y entre todas el Derecho Migratorio se ha hecho un espacio muy grande en mi agenda de trabajo diaria, sin buscarlo he conocido a fondo los recovecos de la Ley migratoria tanto en Panamá con algunos acuerdos internacionales que trazan lineamientos para que los procesos se faciliten, pero lo que más me llama la atención del desarrollo de los procesos migratorios en Panamá es que no se respeta en absoluto el principio de ECONOMÍA PROCESAL, y si usted, estimado lector, considera que los principios procesales sólo deben aplicarse a los procesos judiciales entonces no siga leyendo mi opinión.

Oficinas antiguas de migración en Ave. Cuba

Tomando como punto de partida el año 2009, y punto final el día de ayer 20 de agosto de 2012 hay algunas consideraciones que creo pertinente realizar y dejar plasmadas de alguna manera ya que rondan por mi cabeza desde hace días, veamos.

Se supone que los procesos migratorios consisten en la movilización de los individuos de un país a otro con la intención de establecerse como residente y tener un estatus igual al de los nacionales, adquiriendo así derechos y obligaciones, comprendemos con esto que toda persona que decide cambiar de país por voluntad propia (ya que el tema de los refugiados es materia de otro día) debe ser consciente que dejará su tierra y las obligaciones a las que se ve comprometido ahí pero de igual manera deberá acoplarse a la vida y legislación del país donde va, adquiriendo nuevas obligaciones de acuerdo a la dinámica social, cultural y económica.

Es lógico, y sensato, pensar que la migración debe ser regulada, el bienestar social de los países se protege en la medida que se asegure que quienes entran al país lo hacen de manera libre, de manera honesta y entendiendo cuales serán sus obligaciones en la nueva tierra, no debe por ningún motivo prestarse para discriminación de ningún tipo los antecedentes culturales y nacionales de los inmigrantes, pero de igual manera tiene el Estado el derecho de solicitar a cada individuo la exposición de intenciones, hasta aquí, todo claro.

Lo que a mi se me hace un poco inaceptable es el negociado que se construye alrededor del proceso migratorio, y mis palabras serán basadas únicamente en lo que veo en el día a día como abogada en Panamá, considero que al ser un servicio público que maneja un volumen muy alto de trabajo diariamente debería contar con procesos limpios y rápidos, y que el Estado debe proporcionar tanto a usuarios como a funcionarios los medios para que el proceso además sea expedito.

De nada nos sirve tener una mora migratoria enorme, la entidad no puede encargarse de los ilegales si aquellas personas que legalmente buscan entrar al país encuentran que se van a someter a un proceso largo y tedioso, pero sobretodo costos, los altos costos hacen que la legalización sea accesible solo para aquellos inmigrantes que poseen recursos para pagar los costos del proceso.

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