La economía de los procesos y el Servicio Nacional de Migración (SNM)

ECONOMÍA PROCESAL; según Chiovenda, es la obtención del máximo resultado posible con el mínimo de esfuerzo. Este principio se refiere no sólo a los actos procésales sino a las expensas o gastos que ellos impliquen.

En los tres años que llevo ejerciendo la profesión a la cual me dedico he tenido la dicha de conocer todas las ramas del Derecho que me interesan y entre todas el Derecho Migratorio se ha hecho un espacio muy grande en mi agenda de trabajo diaria, sin buscarlo he conocido a fondo los recovecos de la Ley migratoria tanto en Panamá con algunos acuerdos internacionales que trazan lineamientos para que los procesos se faciliten, pero lo que más me llama la atención del desarrollo de los procesos migratorios en Panamá es que no se respeta en absoluto el principio de ECONOMÍA PROCESAL, y si usted, estimado lector, considera que los principios procesales sólo deben aplicarse a los procesos judiciales entonces no siga leyendo mi opinión.

Tomando como punto de partida el año 2009, y punto final el día de ayer 20 de agosto de 2012 hay algunas consideraciones que creo pertinente realizar y dejar plasmadas de alguna manera ya que rondan por mi cabeza desde hace días, veamos.

Se supone que los procesos migratorios consisten en la movilización de los individuos de un país a otro con la intención de establecerse como residente y tener un estatus igual al de los nacionales, adquiriendo así derechos y obligaciones, comprendemos con esto que toda persona que decide cambiar de país por voluntad propia (ya que el tema de los refugiados es materia de otro día) debe ser consciente que dejará su tierra y las obligaciones a las que se ve comprometido ahí pero de igual manera deberá acoplarse a la vida y legislación del país donde va, adquiriendo nuevas obligaciones de acuerdo a la dinámica social, cultural y económica.

Es lógico, y sensato, pensar que la migración debe ser regulada, el bienestar social de los países se protege en la medida que se asegure que quienes entran al país lo hacen de manera libre, de manera honesta y entendiendo cuales serán sus obligaciones en la nueva tierra, no debe por ningún motivo prestarse para discriminación de ningún tipo los antecedentes culturales y nacionales de los inmigrantes, pero de igual manera tiene el Estado el derecho de solicitar a cada individuo la exposición de intenciones, hasta aquí, todo claro.

Lo que a mi se me hace un poco inaceptable es el negociado que se construye alrededor del proceso migratorio, y mis palabras serán basadas únicamente en lo que veo en el día a día como abogada en Panamá, considero que al ser un servicio público que maneja un volumen muy alto de trabajo diariamente debería contar con procesos limpios y rápidos, y que el Estado debe proporcionar tanto a usuarios como a funcionarios los medios para que el proceso además sea expedito.

De nada nos sirve tener una mora migratoria enorme, la entidad no puede encargarse de los ilegales si aquellas personas que legalmente buscan entrar al país encuentran que se van a someter a un proceso largo y tedioso, pero sobretodo costos, los altos costos hacen que la legalización sea accesible solo para aquellos inmigrantes que poseen recursos para pagar los costos del proceso.

No me interesa hablar de la actitud de los funcionarios, ni analizar si son bien o mal pagados, su trabajo debe ser acorde a las herramientas que el Estado les proporcione para llevarlo, seamos francos, un funcionario que atiende en ventanilla y tiene recursos limitados tanto de capacitación, como de información y de equipo, no puede hacer milagros.

Entonces, ¿es responsabilidad del Estado que el proceso migratorio viole el principio de Economía Procesal? veamos, Juanita llega a Panamá desde su país Julandia, Julandia es un país con bajo riesgo social, con una economía normal, no está en conflicto armado, no es un país en alerta por los organismos internacionales, pero hace mucho frío y a Juanita le gusta el calor,  por internet Juanita consiguió una carta de promesa de trabajo en una empresa panameña y le ponen como condición que debe iniciar sus trámites migratorios y que los debe pagar ella, Juanita accede a estas condiciones porque lo ve como una oportunidad, va un día a la oficina del SNM a «Asesoría Legal» en donde le dicen que -hay abogados que trabajan por ahí, los encuentra en la entrada de la institución, pregúntele a ellos- se consigue un abogado que valiéndose de un saco y un par de zapatos caros, además de la facilidad de mareo a través de la palabra, le dice a Juanita que el le va a arreglar todos sus papeles, pero «como buen abogado, aunque no se le apruebe la visa el va a cobrar porque es su tiempo», por supuesto le cobra por adelantado, monta una pantomima de armar un expediente y la lleva un día a migración, para que ella vea como es ese mundo, pero le asegura además que él hace las cosas bien, luego de estar 3 horas haciendo una fila, atienden a Juanita y logra hacer lo que se llama «Registro de extranjería«, un trámite que no es mas que declarar en el país que tienes la intención de iniciar un proceso para obtener una categoría migratoria.

El abogado de Juanita está encargado ahora de llevar el proceso, pero no olvidemos que le pidió a Juanita que le pagara por adelantado para «gastos» 900 dolares (como poco), la probabilidades de que Juanita vuelva a ver a «su» abogado, son pocas. Juanita tuvo suerte al menos el abogado se tomó el trabajo de registrarla.  Empezamos mal, Juanita ya pagó 900 dólares.

Un poco desilusionada vuelve a Asesoría Legal y expone su caso y le dicen que ellos no pueden hacer nada, que el superior no está o que “no sabe”, es mi excusa favorita de parte de algunos funcionarios que no respetan su posición como servidores del Estado y no les interesa hacer bien su trabajo, decepcionada, al borde de las lágrimas Juanita conoce a otros extranjeros que le comentan que tuvieron casos similares, la mayoría tuvo que hacer gastos dobles de abogado y aquellos que se han aventurado a llevar el trámite solos se encuentran con un sub-mundo donde cualquier cosa puede suceder, la oficina de migración muchas veces es como la entrada al averno, pierdes energía, pierdes felicidad y por supuesto pierdes dinero.

Cuando por fin Juanita consigue un abogado honrado que logra ganarse su confianza la mayoría de los papeles vencieron, quizás su visa de turista está pronta a expirar y el tiempo se convierte en su mayor enemigo, su abogado logra iniciar el trámite, el mismo le informa honestamente y de manera detallada cuáles serán los gastos en los que incurrirá, y es aquí donde inicia mi enojo, el poder debe estar notariado, esto tiene un costo de 5.00 a 10.00 balboas, debe llevar 8.00 en timbres, al igual que la solicitud, el pasaporte debe estar “autenticado” por un notario, esto tiene un costo entre 35.00 y 50.00 balboas, luego necesita un certificado de buena salud, tiene un costo de 40.00 balboas por persona en un médico normal, idóneo. Fotos tamaño carnet, obtienes 6 fotos por aproximadamente 3.00 balboas.

Este año le sumamos a todo esto, que a la hora de hacer el registro por primera vez, la persona debe proporcionar un poder notariado y timbrado, 18.00 balboas, dos fotos tamaño carnet y pagar 5.00 balboas por el registro, me parece una buena iniciativa pedirle a los usuarios que definan quien es su apoderado legal desde que inician el trámite pero lo malo es que esto no tiene validez alguna, no queda registrado en ningún sistema útil al que los funcionarios en el futuro del trámite puedan acceder, por ende, el gasto se hace varias veces, poder timbrado y notariado.

Luego, al iniciar el trámite debes aportar un cheque de 800.00 balboas por si alguna vez haces algo y te tienen que deportar, y 250.00 para gastos administrativos de tu proceso, entendible, es alta la cifra, pero se entiende su porqué. Luego hay que pagar 50.00 balboas por el carnet, una pieza absurda y carente de seguridad.

Luego, a esperar…tu estatus es legal, estás “en trámite”, ese estatus te permite salir del país siempre y cuando pagues por tu permiso de entrada y salida que cuesta 50 balboas más, y que es un estampado en tu pasaporte.

El trámite demora entre 8 meses (si tienes suerte) hasta 14 o 16 meses, y para el estado panameño si decides prorrogar ese estatus, debes volver a pagar todo desde el principio.

Esto es lo que un inmigrante debe pasar en Panamá para legalizarse, lo tedioso del trámite, sumado a tener que sacar copias, notariadas y timbradas de todos los documentos, incluso aquellos emitidos por el SNM, cada vez que vas a una ventanilla hace que los gastos lleguen a niveles absurdos, y el tiempo que demora el proceso, ´la poca amabilidad de los funcionarios, la falta de respuestas, los constantes cambios de requisitos, la absurda discrecionalidad con la que el funcionario se convierte en un examinador que desconoce la ley y que cree que su decisión está por encima de la misma, hace que los abogados tasemos los honorarios tomando en cuenta todo, y el costo final es alto.

El Servicio Nacional de Migración, debería:

–          Contar con una oficina de autenticaciones, con funcionarios que hagan su trabajo de manera expedita para disminuir costos en notarizaciones.

–          Contar con timbres para hacer más rápido el proceso de llevar documentos.

–          Actualizar su sistema más allá de una vocecita que dice a que número atienden, de actualizar realmente, de encadenar cada departamento de manera que la foto que la persona se tomó el día uno, sea la misma que salga en el carnet y la misma foto que aparezca cada vez que un funcionario consulta ese expediente.

–          Capacitar a sus funcionarios para que el trato que le dan a los usuarios sea amable, ellos felices, nosotros felices, todo avanza más rápido.

–          Colocar profesionales idóneos en las posiciones, una respuesta de “no sé” no es aceptable en una oficina pública, menos en “asesoría legal”

–          El estado debe garantizar la protección a los usuarios, nacionales y extranjeros, de los servicios legales prestados por profesionales el abuso por parte de ciertos mal llamados profesionales del derecho se da justo a las afueras de la institución.

Como profesionales honrados del derecho los abogados que nos dedicamos a migración debemos empezar a quejarnos del sistema, dejar de sonreír a las funcionarias para obtener como resultado que hagan su trabajo como están supuestas a hacerlo (debo aclarar que hay funcionarias y funcionarios que son excelentes personas y por ende excelentes trabajadores, y es algo que se nota desde el momento del buenos días, lastimosamente esas personas son la excepción a una regla de deficiencia laboral pública muy antigua), debemos exigir que el trabajo sea realizado de acuerdo a la Ley, no más cambio absurdo en requisitos ni interpretaciones sesgadas de los ordenamientos.

Ahora, dígame usted colega, ¿considera usted que el SNM respeta el principio de la economía en los procesos?